Mexicali, BC.- El Pleno del Congreso local, aprobó por mayoría un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a que inicie una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas, en contra de los ex gobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walter.

Se trata de un punto de acuerdo presentado por el diputado Carlos Murguía Mejía, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, Partido Verde, Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo.

“Los presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas durante las gestiones de los ex gobernadores Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy, son una afrenta contra los bajacalifornianos que exigen verdad y justicia. La protección que dieron a integrantes del narcotráfico ofende a la memoria de aquellas mujeres y hombres cuyo destino fue perder a sus seres queridos y que eran inocentes”, señaló el legislador.

En su exposición, Murguía Mejía señaló que existen versiones periodísticas debidamente documentadas, tanto en medios locales como nacionales, además del conocimiento popular que, dijo, ha generado una lista de acontecimientos donde se presumen actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y asociación con el crimen organizado.

Entre estas versiones, agregó, se encuentra un presunto financiamiento del cártel Arellano Félix, por 500 mil dólares, para la entonces candidatura al gobierno estatal de Ernesto Ruffo Appel, quien actualmente es precandidato del PAN al Senado de la República.

“Entre los bajacalifornianos es bien conocido que Ruffo obtuvo grandes ganancias producto de negocios ilícitos, como el de 500 mil dólares que exigió a Susumo Azano por el contrato por la producción de placas para vehículos; la producción de dos millones de credenciales estatales a un costo de 14 dólares cada una, cuando el IFE erogó 7 pesos por cada credencial; el cobro ilegal del seis por ciento de comisión, unos 18 millones de dólares por los 300 millones del crédito japonés; la escrituración y venta de los predios de la segunda etapa del Río Tijuana; la entrega de credenciales de la Procuraduría estatal a miembros del crimen organizado; el encubrimiento hacia su hermano Claudio cuando disparó un arma de fuego e intentó dar muerte a un conocido empresario de la radio”, indicó.

De igual forma, Murguía Mejía añadió que en el caso de Elorduy Walter, los casos también son concretos y la sociedad ya ha exigido anteriormente, una investigación sobre las presuntas irregularidades en la construcción del Bulevar 2000, donde existe la presunción de que con esta obra se encubrió la introducción de un ducto de gas de la empresa Sempra Energy, donde además se ha comprobado la asociación del político con esta trasnacional, a través de su hija Erika Elorduy.

“Y no se diga además como parte de este último caso, la protección a Sempra Energy cuando Elorduy, aprovechándose de manera ilegal del Registro Público de la Propiedad, hace legal la venta de un predio de 100 hectáreas de una persona que falleció 18 meses antes de que se llevara a cabo la compra-venta; seguramente los casos son más y lo anterior sólo es una muestra del grado de corrupción y asociación con el crimen organizado de los ex gobernadores”, apuntó.

El exhorto fue presentado con dispensa de trámite, y aprobado con 16 votos a favor por parte de los diputados del PRI, Partido Verde, Partido del Trabajo y Partido Estatal de Baja California, en tanto que los cuatro legisladores del PAN votaron en contra y se abstuvieron los dos diputados del Partido Nueva Alianza.

TijuanaHOY

Martes 14 de febrero de 2012